Argentina tiene una veintena de conflictos abiertos con Europa y EEUU. Una veintena de compañías de Europa y de Estados Unidos, de sectores tan dispares como la energía, la construcción o la tecnología, tienen pendientes de resolución demandas contra la República de Argentina por múltiples causas. Los cambios tarifarios y las rescisiones unilaterales de concesiones centran la mayor parte de los conflictos.
Durante el mandato de Néstor Kirchner y, ahora, con Cristina Fernández , Argentina ha recibido cerca de cuarenta demandas de arbitraje, de las que la mitad aún están pendientes de resolución. Ante la inseguridad jurídica que generan, históricamente, los vaivenes legislativos argentinos, las multinacionales con implantación en el país optan mayoritariamente, por acudir al arbitraje internacional.
Al tratarse de conflictos mercantiles, con consecuencias empresariales y económicas, el órgano que dirime estas demandas es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
Arbitraje.
En cualquier caso, en muchas ocasiones, las indemnizaciones se retrasan aunque los dictámenes del Ciadi sean favorables a las compañías denunciantes.
Es el caso, por ejemplo, de Agbar y de su matriz, la multinacional francesa Suez, que presentaron sendas demandas por un conflicto de tarifas con el Gobierno argentino.
Las discrepancias para pactar los precios obligaron a Agbar y Suez a renunciar a la concesión de Buenos Aires y también a las de las provincias de Córdoba y Santa Fe, con el consecuente abandono del país en 2006.
En paralelo, el grupo presentó una demanda ante el Ciadi. Esta institución dio la razón a Agbar y a Suez en 2010 al asignar la responsabilidad de lo ocurrido al Gobierno argentino. Sin embargo, el tema sigue coleando hoy, ya que el Ciadi todavía no ha fijado la indemnización.
En 2006, el Ciadi condenó al Estado argentino a abonar una indemnización de 165 millones de dólares a favor del grupo Azurix por considerar que el país violó el tratado bilateral de inversiones con los Estados Unidos al rescindir unilateralmente el contrato de concesión del servicio de aguas en Buenas Aires. Seis años después, la indemnización correspondiente al dictamen sigue pendiente.
Otra empresa estadounidense, en este caso energética, Sempra, ganó otro arbitraje, que condenó a Argentina a pagar 172 millones de dólares. Sempra alegó que el Gobierno argentino violó las normas de privatización cuando abandonó la convertibilidad de la moneda y congeló las tarifas de los servicios públicos privatizados.
También el gigante Exxon Mobil consideró que la pesificación perjudicó sus operaciones en el país y violó un tratado bilateral firmado con los Estados Unidos para la protección de inversiones en ambos países, al presentar su demanda. De hecho, las congelaciones tarifarias concentran más de la mitad de las reclamaciones de multinacionales contra Argentina en el Ciadi.
Ante la escasa efectividad de las demandas, algunas empresas han optado por alcanzar acuerdos con el Gobierno, aun teniendo dictámenes a favor del tribunal de arbitraje. Son los casos, por ejemplo, de la constructura italiana Impregilo y de Telefónica. La compañía que preside César Alierta denunció en 2002 al Estado argentino ante el Ciadi, donde reclamaba 2.834 millones de dólares.
La denuncia estuvo inactiva durante años y, en 2006, ambas partes firmaron un principio de acuerdo que suponía la mejora de algunas tarifas.
Impregilo también retiró su denuncia por la congelación de las tarifas de peaje vial e incumplimientos en la financiación de obras de la empresa Caminos de las Sierras, en la que pedía 250 millones de dólares, tras alcanzar un pacto con el Gobierno.
Y todo ello porque???????????
No es oro todo lo que reluce en Argentina. El riesgo de desaceleración es patente y puede desembocar en un colapso de la actividad, mientras la moneda no hace más que depreciarse. Pero lo peor es el intervencionismo, con el que el país busca impedir la compra de divisas y lograr un superávit comercial que cubra las deudas, lo que ya se conoce como el “corralito verde” argentino.
En el macro de Argentina en 2011, la impresión del país es bastante buena: crecimiento del PIB del 9%, tasa de paro del 7%, inflación del 9%, cuenta corriente con superavit y cuentas públicas saneadas.
Pero la actividad ha experimentado una brusca desaceleración en diciembre (PIB +5,5% interanual) y parece que va a continuar así según marca la pauta reciente de los indicadores adelantados. Por tanto como mucho se espera un crecimiento del PIB en 2012 del +3%. En cuanto a la inflación, la tasa oficial ronda el 9%, pero la inflación real es cercana al 25% tal y como se desprende de las negociaciones salariales. De lo que se deduce que la fiabilidad de algunas cifras macro es discutible.
Sin embargo, lo más preocupante es el gran intervencionismo que existe. En Argentina está en marcha la Ley de Emergencia Económica, que otorga facultades extraordinarias al Gobierno. Esto está quedando muy patente en la regulación del sector exterior, donde se están implantando multitud de medidas proteccionistas para bloquear las importaciones y frenar la salida de dólares (la salida de capitales en 2011 ascendió a 21.204 millones de dólares, un 88% más que en 2010)”.
El objetivo es conseguir un superávit comercial suficiente para cubrir el servicio de la deuda (unos 10.000 millones de dólares en 2012; el saldo comercial de 2011 fue de +10.300 millones). Ahora bien todas estas acciones son perjudiciales a la larga y podrían terminar paralizando la producción nacional, ya que la gran mayoría de los productos que se fabrican en Argentina necesitan algún componente externo que ha de ser importado. Subyace un riesgo de desaceleración no despreciable, que inadecuadamente abordado podría desembocar en colapso de la actividad.
Con todo esto, la tendencia natural del peso argentino es la depreciación. De hecho, mientras que la mayoría de las divisas de países latinoamericanos se están apreciando en lo que va de año (real brasileño +8%, peso mejicano +7%, peso chileno +8%), el peso se ha depreciado, pero sólo ligeramente (-1%).
Este movimiento va a continuar, de forma más o menos pronunciada, en función de las actuaciones de las autoridades argentinas. Lo cierto es que deberían permitir una mayor depreciación de la divisa argentina ya que la pérdida de competitividad exterior se está agravando por la apreciación del peso en términos reales (descontando la inflación)”.
En cuanto al sector público, también está empeorando. El elevado peso de las subvenciones está repercutiendo negativamente en las cuentas públicas. En Argentina, el 85% de la energía y del transporte lo cubre el Estado. Las subvenciones aumentaron +50% en 2011, hasta suponer un 4% sobre PIB en 2011. Así, el superávit primario que ha venido gozando el país en los últimos años está próximo a desaparecer.
De todo lo anterior se desprende que la economía argentina ha venido deteriorándose en los últimos años y la probabilidad de que llegue a colapsar no es despreciable. Lo positivo, a diferencia de lo que ocurrió en 2011, es que el Banco Central cuenta con importantes reservas (unos 46.000 millones de dólares) y que la deuda pública no es demasiado elevada (unos 180.000 millones, 40% del PIB).
La realidad es que después de las pasadas elecciones de octubre el actual Gobierno se ha visto reforzado (Cristina Fernández de Kirchner fue reelegida con más del 54% de los votos), lo que le otorga la capacidad para aplicar políticas no convencionales o incluso intervencionistas, llegado el caso.
Si eso sucediera, dicen los expertos, en una hipotética situación extrema, el mercado podría cuestionar incluso la seguridad jurídica en el país.
Y yo me pregunto ........................porque hay que esperar a una situación extrema????????????
